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CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MINERÍA EN SU TERRITORIO


En la Sentencia T-129-2011 la Corte Constitucional conoció el caso de una empresa minera que estaba interesada en realizar operaciones en un territorio indígena, sin embargo decidió no realizar el procedimiento de la consulta previa argumentando que esa zona no había sido declarada como minera para minorías étnicas, en los términos del Código de Minas.

A continuación Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

¿Puede una empresa minera desarrollar actividades en una zona de influencia de unas comunidades indígenas omitiendo el procedimiento de consulta previa, argumentando que las tierras donde realizará operaciones no han sido declaradas formalmente como zonas mineras para minorías étnicas, sin violar el derecho la consulta previa de las comunidades afectadas?

...La Respuesta

Una empresa minera no puede desarrollar actividades en una zona de influencia de unas comunidades indígenas omitiendo el procedimiento de consulta previa, argumentando que las tierras donde realizará operaciones no han sido declaradas formalmente como zonas mineras para minorías étnicas, sin violar el derecho la consulta previa de las comunidades afectadas, teniendo en cuenta que:

  1. A pesar de que el territorio de las comunidades afectadas no se haya declarado como tal, no puede entenderse que ante la existencia de resguardos indígenas se pueda desconocer lo dispuesto en el artículo 330 de la Constitución y el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por la Ley 21 de 1991, referentes al derecho a la consulta previa y al consentimiento informado.
  2. Cualquier intervención o afectación que pueda tener el territorio de la comunidad indígena, por el tipo de explotación de minerales de profundo impacto, hace que sea indispensable desarrollar la consulta previa con las comunidades étnicas afectadas.
  3. Es necesario que el Estado de forma articulada garantice e incentive la aplicación real y efectiva del derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades étnicas, pues ante todo las herramientas que subyacen a la consulta, permiten conciliar posiciones y llegar a un punto intermedio de diálogo intercultural en el que los pueblos ejerzan su derecho a la autonomía con sus planes propios de vida frente a los modelos económicos basados en la economía de mercado o similares.
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