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RESTITUCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

En la Sentencia T-578A-2011 la Corte Constitucional conoció el caso de una persona que construyó su vivienda en un terreno considerado parte del espacio público. Por orden de un Tribunal, la Alcaldía del municipio desalojó al afectado sin brindarle las garantías mínimas y un lugar para habitar, pues los miembros del Concejo no aprobaron el monto de dinero necesario para reubicarlo.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Una persona habitó una zona considerada parte del espacio público durante aproximadamente 25 años. El poseedor realizó mejoras sobre el predio en cuestión, consistentes en una casa de habitación con los servicios públicos de agua, luz y alcantarillado, en la cual operaba un montallantas de su propiedad del cual derivaba su sustento.

Posteriormente, un tribunal ordenó adelantar las medidas pertinentes para la recuperación del espacio público mencionado anteriormente.

En cumplimiento de la orden la Personería Municipal radicó ante la Alcaldía un oficio solicitando se reubicara al accionante antes de desalojarlo. A su vez el alcalde solicitó al concejo municipal que le aprobaran el proyecto de reubicación, sin embargo el concejo negó esta solicitud y por tanto el alcalde procedió a hacer efectivo el desalojo sin brindarle ninguna garantía al afectado.

...La Respuesta

Una entidad del Estado no puede ordenar a una persona la restitución del espacio público que venía ocupando por más de 25 años con el conocimiento de las autoridades, omitiendo el ofrecimiento de una alternativa a su situación laboral y de vivienda, sin vulnerar sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna porque:

1. La confianza inducida en el administrado debe protegerse ante los cambios súbitos y repentinos en el proceder del Estado que lo afectan negativamente y atentan contra sus derechos fundamentales. Esta protección consiste en suministrarle al sujeto, los medios y el tiempo suficiente que le permitan adaptarse al cambio.

2. El postulado de la confianza legítima obliga a la administración a guardar coherencia con sus actuaciones, impidiendo que un acto intempestivo de las autoridades modifique sustancialmente la situación de un particular sin tener en cuenta las consecuencias que dicha modificación conlleva; obligándolas a tomar medidas que faciliten la transición.

3. Si bien el Estado tiene el deber constitucional y legal de velar por la integridad del espacio público, los medios con los cuales cuenta la administración para cumplir con este cometido se encuentran limitados por los derechos fundamentales de las personas y los principios constitucionales que sustentan nuestro Estado Social de Derecho.

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