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JUECES DE PAZ Y CONCILIADORES EN EQUIDAD PUEDEN CONOCER LOS CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

En la Sentencia C-059-2005 la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de una norma por medio de la cual se le otrorgaron competencias a los jueces de paz y a los conciliadores en equidad para conocer casos de violencia intrafamiliar, entendiendo que estos funcionarios no se circunscriben a ser simples operadores judiciales que apoyan la descongestión de los despachos judiciales, sino principalmete son facilitadores de procesos de aprendizaje comunitario.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

¿Puede el legislador asignar competencias a los Jueces de Paz y a los Conciliadores en Equidad para obtener, con su mediación, que cese la violencia, maltrato o agresión o la evite si fuere inminente, sin vulnerar los artículos 42, 43 y 44 Superiores, que le imponen al Estado proteger la familia, a la mujer y a los menores de edad frente a los hechos de violencia?

...La Respuesta

El legislador puede asignar competencias a los Jueces de Paz y a los Conciliadores en Equidad para obtener, con su mediación, que cese la violencia, maltrato o agresión o la evite si fuere inminente, sin vulnerar los artículos 42, 43 y 44 Superiores, que le imponen al Estado proteger la familia, a la mujer y a los menores de edad frente a los hechos de violencia, porque:

1. La competencia asignada a los jueces de paz y conciliadores en equidad no hace referencia a aquellos asuntos que son de conocimiento de los jueces ordinarios y comisarios de familia, sino que su actuación se circunscribe a una labor de mediación para que cese la violencia, maltrato o agresión o la evite si fuere inminente, implementados sin perjuicio de la competencia que corresponde a los Jueces Penales, Civiles y Comisarios de familia.

2. Una medida de este tipo lo que hace es efectivizar los mandatos superiores relacionados con la garantía de protección integral a la familia, y aquellos atinentes a la pronta y efectiva administración de justicia, dándole para ello desarrollo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos y propendiendo por el cumplimiento de los fines del Estado social de derecho.

3. Desde la perspectiva constitucional nada se opone a que tratándose de hechos de violencia, maltrato o abuso intrafamiliar la respuesta del aparato estatal pueda consistir en propender por la aplicación de fórmulas alternas y complementarias, no represivas, con el fin de alcanzar los objetivos superiores de la protección integral de la familia e igualmente la participación de la comunidad en los problemas que los afectan.

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