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TÉRMINO PARA SOLICITAR LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

En la Sentencia C-059-2005 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 5 de la Ley 575 de 2000, que regula el término que tienen las víctimas de violencia intrafamiliar para solicitar las medidas de protección ante la autoridad competente.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

¿Puede el Congreso de la República limitar la aplicación del precedente judicial para las decisiones de las autoridades administrativas a aquel dictado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sin incurrir en una omisión legislativa al desconocer el precedente judicial de la Corte Constitucional?

...La Respuesta

El Congreso de la República no puede limitar la aplicación del precedente judicial para las decisiones de las autoridades administrativas a aquel dictado por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, sin incurrir en una omisión legislativa porque:

1. Con este tipo de medidas no se incluye dentro del precedente judicial a aquel que sea dictado por la Corte Constitucional tanto en control abstracto como en control concreto de constitucionalidad, desconociendo el expreso mandato constitucional contenido en los artículos 241 y 243 de la Carta.

2. No existe un principio de razón suficiente que justifique la exclusión de los casos, situaciones, condiciones o ingredientes que debían estar regulados por el precedente constitucional.

3. Se genera una desigualdad negativa para los casos o situaciones excluidas de la regulación legal acusada, en cuanto se exonera a las entidades públicas o autoridades administrativas de la obligación de tener en cuenta el precedente judicial constitucional en sus decisiones, lo cual genera, en consecuencia, la vulneración del principio de igualdad, en razón a la falta de justificación y objetividad del trato desigual.

4. Si bien es una alternativa válida dentro del margen de configuración del legislador, comenzar por imponerle a las autoridades administrativas que tengan en cuenta el precedente judicial en los ámbitos de la jurisdicción ordinaria y contencioso administrativa, también lo es que las materias a que alude la norma igualmente pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, evento en el cual su interpretación debe ser vinculante para las autoridades administrativas.

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