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DILIGENCIA EN LAS INVESTIGACIONES POR DELITOS CONTRA MENORES DE EDAD

En la Sentencia T-843-2011 la Corte Constitucional instó a la Fiscalía General de la Nación para que desarrolle mecanismos que garanticen que las investigaciones realizadas en casos de violencia sexual contra menores de edad sean adelantadas con celeridad y prioridad, así como por funcionarios capacitados para entender las necesidades especiales de los niños.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Una mujer acudió a su IPS junto con su hija menor de edad, debido a que ella se quejaba de un fuerte dolor. Al ser interrogada y examinada para determinar el origen de la dolencia el medicó tratante diagnosticó que éstas eran causadas por abuso sexual. En esa ocasión la niña culpó a su padre del maltrato recibido y relató los hechos sucedidos. Posteriormente, la madre de la menor formuló denuncia penal contra el padre. La investigación correspondió a la Fiscalía Seccional de la Unidad de Delitos contra la Integridad y Formación Sexuales. Tras más de un año de la formulación de la denuncia, la Fiscalía no adoptó medidas de protección a favor de la niña, ni formuló cargos contra el padre. Además, la niña tuvo que relatar los hechos de los que fue víctima a un médico pediatra, a la trabajadora social y a la psicóloga adscritos a su IPS, a las personas encargadas de medicina legal, al fiscal y a otros funcionarios.

...La Respuesta

La Fiscalía no puede incumplir su deber de adelantar una investigación con debida diligencia y negarse a formular cargos contra el padre de una menor, dentro del proceso que se adelanta en su contra por el delito de acto sexual abusivo contra menor de catorce años, sin vulnerar los derechos fundamentales de la niña al debido proceso, a un recurso judicial efectivo, a participar y ser oída en el proceso y a recibir un trato digno, teniendo en cuenta que:

1. En casos de violencia sexual, principalmente en los que las víctimas son niños o mujeres, las autoridades judiciales –incluidos los fiscales- tienen la obligación de adelantar las respectivas investigaciones y juicios penales con debida diligencia.

2. Cuando la víctima es un menor de 18 años, los funcionarios judiciales deben: (i) armonizar los derechos de los presuntos agresores con los derechos de los niños, por ejemplo, aplicando el principio de in dubio pro reo en última instancia después de una investigación seria y exhaustiva; (ii) minimizar los efectos adversos sobre los niños que se derivan de su participación en el proceso; (iii) dar prioridad a los casos y resolverlos con celeridad; (iv) tratar a los niños con consideración teniendo en cuenta su nivel de madurez y su situación de indefensión como víctimas; (v) permitir que los niños en todas las etapas sean acompañados y asistidos por personas de su confianza; (vi) informar a los niños y a sus representantes sobre las finalidades, desarrollo y resultados del proceso, (vii) informar al Ministerio Público para que pueda velar por los intereses de los niños; y (viii) acudir el principio pro infans como criterio hermenéutico.

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