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PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA PERSONAS QUE PADECEN UNA ENFERMEDAD GRAVE

Por medio de la Sentencia T-032-2012 la Corte constitucional amparó los derechos fundamentales de una mujer a quien una entidad le negó el reconocimiento de la pensión de invalidez.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Una persona sufría de insuficiencia renal terminal y ésta enfermedad le generó dificultades para continuar laborando. La pérdida de capacidad laboral fue calificada con el 73.85%. Después de la estructuración de la invalidez la afectada continuó cotizando al sistema de pensiones durante más de cinco años. Sin embargo, cuando no tuvo la oportunidad de seguir cotizando la persona solicitó al Instituto de Seguros Sociales (ISS) el reconocimiento de la pensión de invalidez, pero la entidad se negó argumentando que no cumplía con el requisito de semanas cotizadas exigidas por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 para poder acceder a la pensión correspondiente.

...La Respuesta

Una entidad encargada de reconocer la pensión de invalidez no puede negarle el reconocimiento de dicha prestación a una mujer que padece insuficiencia renal terminal, argumentando que no cumple con el requisito de semanas cotizadas exigidas para poder acceder a la pensión correspondiente, omitiendo las cotizaciones que la afectada hizo con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez, sin vulnerar sus derechos fundamentales al mínimo vital, salud, vida digna y seguridad social, porque:

1. La pensión de invalidez es una manifestación del derecho a la seguridad social, por lo tanto, el derecho a esta pensión también tiene el carácter de fundamental.

2. Si el afectado continúa cotizando al sistema después de la estructuración de la invalidez, la entidad debe tener en cuenta ese tiempo y el ISS no tuvo en cuenta ese tiempo es obligación de las entidades administradoras del sistema de tenerlas en cuenta

En todo caso, el Estado tiene la obligación de proteger a aquellas personas que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta. Así mismo, es su deber resguardar su derecho fundamental a la seguridad social y acoger medidas de orden positivo orientadas a que puedan superar la situación de desigualdad y de desprotección a la que se ven sometidas.

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