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EL GOBIERNO NACIONAL NO PUEDE FIJAR EL SALARIO MÍNIMO POR DEBAJO DEL IPC (SENTENCIA HISTÓRICA)

A través de la Sentencia C-815-1999 la Corte Constitucional estableció criterios que debe tener en cuenta el Gobierno Nacional en la fijación unilateral del salario mínimo en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Derecho Justo identificó el Problema y la Respuesta.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Demanda de inconstitucionalidad (parcial) contra el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.

...La Respuesta

El Gobierno Nacional no puede fijar unilateralmente el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso, con base exclusiva en el criterio de la meta de inflación del siguiente año fijada por el Banco de la República, sin vulnerar los derechos fundamentales al trabajo y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil. Lo anterior, en razón a que:

1. El reajuste salarial que decrete el Gobierno nunca podrá ser inferior al porcentaje del IPC del año que expira. El Gobierno está obligado a velar por que el salario mantenga su poder adquisitivo, de tal forma que garantice el mínimo vital y móvil a los trabajadores y a quienes de ellos dependen. De lo contrario, vulnera el artículo 53 de la Constitución.

2. Al fijar el salario mínimo, en caso de no haberse logrado consenso en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno deberá motivar su decreto, atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.)

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