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UN VENDEDOR INFORMAL FUE DESALOJADO DEL ESPACIO PÚBLICO EN IBAGUÉ. CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA SU REUBICACIÓN DONDE PUEDA EJERCER SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Una señora había sido poseedora por 7 años de una caseta ubicada en una calle del municipio de Ibagué en la que vendió frutas y verduras, de esta venta había derivado el sustento de sus dos hijas, dependientes económicamente de ella. La señora había pagado cumplidamente los respectivos impuestos y el servicio de energía eléctrica.

El municipio de Ibagué a través de un acto administrativo declaró que la señora era una ocupante indebida del espacio público y ordenó su desalojo sin ofrecerle una alternativa de reubicación.

Bajo tales circunstancias, la Corte Constitucional en sentencia T-135-2010 ordenó al municipio de Ibagué ofrecer a la afectada un plan que contenga medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Una señora había sido poseedora por 7 años de una caseta ubicada en una calle del municipio de Ibagué en la que vendió frutas y verduras, de esta venta había derivado el sustento de sus dos hijas, dependientes económicamente de ella. La señora había pagado cumplidamente los respectivos impuestos y el servicio de energía eléctrica.

El municipio de Ibagué a través de un acto administrativo declaró que la señora era una ocupante indebida del espacio público y ordenó su desalojo sin ofrecerle una alternativa de reubicación.

Bajo tales circunstancias, la Corte Constitucional en sentencia T-135-2010 ordenó al municipio de Ibagué ofrecer a la afectada un plan que contenga medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico.

...La Respuesta

Una señora había sido poseedora por 7 años de una caseta ubicada en una calle del municipio de Ibagué en la que vendió frutas y verduras, de esta venta había derivado el sustento de sus dos hijas, dependientes económicamente de ella. La señora había pagado cumplidamente los respectivos impuestos y el servicio de energía eléctrica.

El municipio de Ibagué a través de un acto administrativo declaró que la señora era una ocupante indebida del espacio público y ordenó su desalojo sin ofrecerle una alternativa de reubicación.

Bajo tales circunstancias, la Corte Constitucional en sentencia T-135-2010 ordenó al municipio de Ibagué ofrecer a la afectada un plan que contenga medidas adecuadas, necesarias y suficientes para reubicarla en un lugar en el que pueda ejercer una actividad productiva, acorde con el ordenamiento jurídico.


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