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ALCANCE DE LA FACULTAD DE INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LAS CAR

En la Sentencia C-462-2008 la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley 99 de 1993 'Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones'. En la mencionada providencia la Corte se refirió a la facultad de intervención del estado en las actividades realizadas por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Ley 99 De 1993. ARTICULO 5o. Funciones del Ministerio. Corresponde al Ministerio del Medio Ambiente:

16) Ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables y ordenar la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar;

36) Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que los modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia.

...La Respuesta

El Congreso de la Republica puede autorizar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para evaluar y controlar – selectivamente y cuando las circunstancias lo ameriten- los proyectos asignados y vigilados por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que pudieran resultar o resulten potencialmente peligrosos para el medio ambiente, porque si bien la medida interviene en el ámbito funcional de las CAR y, por tanto, afecta el despliegue de sus competencias en materia ambiental, dicha intervención no atenta contra el ámbito de autonomía de las CAR. Lo anterior toda vez que:

1. La posibilidad de intervención preventiva o concomitante del Ministerio en los planes y programas ambientales que pudieran afectar sectores generales del territorio es una facultad que surge como manifestación de la cohesión ecológica que imponen la naturaleza central y unitaria del Estado colombiano y de la necesidad de unidad de gestión que exige el modelo descentralizado.

2. La estructura integrada del recurso ambiental, el principio de unidad de gestión y la condición de ser la primera autoridad administrativa encargada del control y despliegue de las políticas, faculta al Ministerio para corregir las singularidades que puedan derivar en efectos globales perjudiciales para el patrimonio ecológico.

3. El escenario de intervención del Ministerio no es el propio del desarrollo orgánico de las Corporaciones Autónomas Regionales, sino el relacionado con la planeación, diseño y ejecución de la política ambiental en el nivel territorial, lo que implica una distancia mayor entre la decisión legislativa y el ámbito de autonomía de las CAR.

4. La intervención en los programas de exploración y explotación que pudieran perjudicar el medio ambiente no es permanente, sino esporádica, selectiva, producto de la detección de hechos extraordinarios que por su potencial peligrosidad o su verificada importancia ecológica ameritarían la intervención directa de la autoridad encargada del control general del sistema.

5. Si bien, la potestad de intervención del Ministerio es discrecional y selectiva, no implica que pueda ser una intervención arbitraria en asuntos propios de las CAR. De esta manera, la intervención exige motivos objetivos, verificables y serios que justifiquen la incursión del Ministerio en los asuntos manejados por las CAR, es decir, la competencia asignada al Ministerio debe estar precedida de propósito y finalidad razonables, debe ser motivado y debe tener sustento en hechos objetivos y verificables, justificativos de la intervención del poder central.

Sin embargo, en cada caso las CAR pueden reclamar competencia exclusiva para el manejo de asuntos cuyas probadas repercusiones no exceden perímetros exclusivamente locales de la realidad ecológica.


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