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CORTE ORDENA A UNA IPS GARANTIZAR LA REALIZACIÓN DE UN TRATAMIENTO DE FERTILIZACIÓN IN VITRO

En la Sentencia T-644-2010 la Corte Constitucional tuteló los derechos de una mujer a quien le ordenaron la realización de un legrado debido a la muerte del embrión que había sido implantado mediante fertilización in vitro, porque la IPS suspendió el tratamiento y no suministró los medicamentos necesarios.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Una IPS autorizó a una mujer para recibir en una entidad privada el tratamiento de fertilización in vitro con óvulo donado que le fue ordenado por su ginecólogo. Posteriormente la autorización fue suspendida por la IPS sin mediar un concepto médico o científico que justificara ese proceder. Debido a la falta de medicamentos se identificó la muerte del embrión implantado y le fue ordenada la realización de un legrado.

...La Respuesta

Una IPS no puede negarse a autorizar a una mujer un tratamiento de fecundación in vitro que busca superar el problema de infertilidad que ésta padece y que en oportunidad anterior ya le había sido ordenado, alegando que los tratamientos de fertilidad se encuentran excluidos del plan de atención en salud. Este hecho vulnera los derechos a la vida y a la salud de la mujer, así como su derecho a ser madre.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las enfermedades del sistema reproductor pueden generar infertilidad en la mujer, afectan su calidad de vida física y comprometen su ánimo emocional e incluso de pareja.

Se pueden conceder tratamientos de fertilidad por existir riesgo en la salud, integridad o vida de la paciente. Así mismo se debe garantizar (i) Cuando el tratamiento de fertilidad fue iniciado y es posteriormente suspendido por la EPS -o IPS- sin mediar concepto médico o científico que justifique dicho proceder; (ii) Cuando se requiere la práctica de exámenes diagnósticos para precisar una condición de salud de una mujer asociada a la infertilidad; y, (iii) Cuando la infertilidad sea producto o consecuencia de otra enfermedad que afecte el aparato reproductor y de paso ponga en riesgo los derechos fundamentales de la paciente.

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