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TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DE LA ETAPA DE ARREGLO DIRECTO PARA QUE LOS TRABAJADORES DECIDAN ENTRE LA HUELGA O LA SOLICITUD DE ARBITRAMENTO

En la Sentencia C-696-2008 la Corte Constitucional se pronunció acerca del Derecho de huelga. En la mencionada providencia se estudió la constitucionalidad de una norma que impone a los trabajadores decidir por la huelga o la solicitud de arbitramento dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 444 parcial del Código Sustantivo del Trabajo.

ART. 444. Subrogado Ley 50 de 1990, artículo 61. Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento.

La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. (…)

...La Respuesta

El legislador puede fijar un término de diez días hábiles a partir de la terminación de la etapa de arreglo directo para que los trabajadores decidan entre la huelga o la solicitud de arbitramento, sin vulnerar el derecho de huelga, el derecho al trabajo y a la negociación colectiva. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Constitución defiere al legislador la reglamentación del derecho de huelga, lo cual implica que éste se encuentra habilitado para fijar las condiciones para su ejercicio así como para establecer limitaciones que no resulten irrazonables o desproporcionadas.

El plazo de diez días no se orienta a limitar el derecho de huelga o a obstaculizar su ejercicio, sino que, por el contrario, busca que dentro de las etapas previstas en la ley, los trabajadores expresen su decisión de acudir a ese medio de promoción de sus intereses.


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