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ESTADO ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE ESTÁN SIENDO AMENAZADOS

La Corte Constitucional en la Sentencia T-134-2010 conoció el caso de un defensor de Derechos Humanos que fue víctima de intimidaciones por parte de grupos armados al margen de la ley. El Estado le brindó protección por un tiempo, pero posteriormente fue desvinculado del programa de seguridad a pesar de que las amenazas continuaron hacia él y su familia.

Derecho Justo sintetiza el problema jurídico planteado y la respuesta dada por la Corte.

El Problema...

Un defensor de derechos humanos fue víctima de amenazas por grupos al margen de la ley, situación que puso en conocimiento de las autoridades competentes. La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia lo vinculó al programa de protección, asignándole medidas de seguridad. Posteriormente se llevó a cabo la valoración de riesgos en la que fue clasificado “como ordinario”, de ahí que fue desvinculado del programa de seguridad, decisión contra la cual interpuso los recursos correspondientes, sin que le hubiesen ofrecido respuesta, a pesar de que las amenazas continuaron.

...La Respuesta

La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia no puede desvincular del programa de seguridad a un Defensor de derechos humanos que está siendo amenazado, sin vulnerar su derecho fundamental a la vida en condiciones dignas. Lo anterior, teniendo en cuenta que:

1. Las autoridades gozan de autonomía para tomar las decisiones necesarias con el fin de generar medidas encaminadas a dar protección a los ciudadanos, siempre y cuando constituyan soluciones reales y efectivas. Las alternativas formuladas dependerán de la situación del país y del criterio razonable de las autoridades encargadas de proveer el amparo más adecuado frente al nivel de peligro, siendo en todo caso exigible que se elimine o, al menos, se minimice la exposición a riesgos.

2. Los antecedentes de amenaza contra la vida e integridad de una persona obligan a que se asegure la continuidad en la protección que el Estado debe otorgarle y que se minimicen los riesgos que pudiese traer consigo la variación en el tipo de seguridad que se venía prestando.

3. El Estado tiene la responsabilidad de velar por la seguridad e integridad de una persona que está siendo amenazada y de su núcleo familiar. Deben estar claramente definidas las responsabilidades, las medidas de protección, así como la identidad de los servidores y del organismo responsable de amparar a quien sigue ejerciendo la misma actividad cívica, generadora de contingencias adicionales.


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